El día 25 de mayo, el gobernador del Estado de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, anunció a través de una videoconferencia que el Centro de Internamiento Especializado para Adolescentes (CIEPA) será un reclusorio COVID-19, donde se planea trasladar a todos los internos que resulten positivos a la infección.

Dicha decisión, afectaría al menos a 13 menores de edad que se encuentran en este centro, ya que serán trasladados a un área del Centro de Reinserción Social (Cereso) San Miguel para adultos, potencialmente afectando gravemente sus derechos humanos y exponiéndolos innecesariamente.

Se debe de recordar que nuestra norma fundamental establecida de la Constitución Política Mexicana, indica que el sistema penitenciario debe de contar con una organización basada en el respeto de los derechos humanos a fin de lograr una reinserción de la persona que se encuentran en conflicto con la ley. Según el Artículo 18, se debe de establecer un sistema integral para los adolescentes que cumpla con “derechos específicos que por su condición de personas en desarrollo les han sido reconocidos a los adolescentes”.

Los adolescentes tienen derecho a contar con un alojamiento separado de los adultos, de acuerdo al Artículo 47 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, donde de manera específica se pide que su trato sea acorde a su edad, género, salud física y situación jurídica. La separación de espacios también alude a la especialización del sistema en la ejecución de las medidas privativas de la libertad.   

Recordemos que el Artículo 37 de la Convención de los Derechos del Niño de la UNICEF, nos habla de que todos los adolescentes privados de su libertad merecen ser tratados con respeto y separados de los adultos que se encuentren de igual manera en internamiento y que tienen derecho a impugnar la legalidad de la privación de su libertad si lo consideran pertinente.

Por último, la Observación General número 24 de la Convención sobre los Derechos del Niño le recuerda al Estado las obligaciones jurídicas a fin de asegurar su derecho a la salud y cómo cumplir con dichas obligaciones. 

Es por ello que reiteramos nuestra demanda de espacios dignos a los jóvenes y que permanezcan en el área asignada para ellos, ya que cuentan con las necesidades que ellos requieren durante una época emocionalmente estresante como lo es una pandemia y exhortamos al Gobierno de Puebla que busque opciones más viables bajo el interés superior de la niñez y no caer en violaciones de DDHH. 

Si deseas saber un poco más sobre nuestras actividades durante el COVID-19, puedes consultar nuestra página web aquí, o puedes informarte sobre nuestros webinars con expertos aquí, si tienes alguna duda o comentarios al respecto, puedes escribirnos a  info@jjadvocates.org.