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mayo 1, 2020  |  Por Marisol Marín En COVID-19, Noticias

La transparencia; una de las maneras de identificar las fortalezas del sistema de justicia para adolescentes

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“La información puede salvar vidas”, fue la frase que utilizó  la socia fundadora y directora de Documenta A.C., María Sirvent,  respecto a la transparencia por parte de las autoridades encargadas del sistema de justicia para adolescentes en México, ante la pandemia del COVID-19.

Durante nuestro webinar titulado: “COVID-19: Identificando las fortalezas del sistema de justicia para adolescentes”, Sirvent expresó que una actuación inteligente por parte de las autoridades es mediante una actitud que comparta la información de los centros de internamiento en lo que corresponde a contagios o aislamientos causados por casos positivos de COVID-19.

En el evento también contamos con la participación del funcionario de carrera del ministerio de justicia en España con formación en derecho penal y asesor de justicia para la niñez en Latinoamérica por Terre des hommes, Víctor Herrero. El panelista nos comentó que cuando las autoridades ocultan datos respecto al estado de salud de los jóvenes en centros de internamiento, vulneran sus derechos fundamentales.

Esto se debe a que al ocultar este tipo de información a las y los adolescentes, les generan una gran angustia por no saber qué pasa a su alrededor, así como estrés y miedo que pueden dar como resultado conductas violentas que deriven en un problema añadido a los que ya enfrentan.

Afirmó que si los centros deciden tomar una medida preventiva a la pandemia como el aislamiento, dicha decisión tiene que ser comunicada a los internos de manera clara, porque lo que necesitan en este momento es información confiable.

“Los jóvenes tienen el derecho a la vida y nosotros tenemos que cuidar de ella. Una parte muy importante de la misma es su salud. Por eso hay que explicarles lo que está pasando, para que no sientan que los cuidados extras son un castigo dentro del castigo. Se les tiene que decir qué está pasando para que no lo resientan”, añadió.

Nuestro fundador y director ejecutivo, Douglas Keillor, dijo que los centros de internamiento “no están en una burbuja”, sino que son parte de una comunidad y no se están compartiendo los datos al respecto, lo que es ignorar una gran parte de la cadena del COVID-19.

“En el beneficio de transparentar protocolos, hay que considerar que tenemos que conocer lo que verdaderamente sucede dentro de los centros, para así saber cómo la sociedad puede colaborar. Necesitamos compartir las buenas prácticas del país, pero para esto necesitamos datos que nos permitan unir esfuerzos y poder atender las necesidades de fondo”, aseveró.

Por su lado, nuestra Directora Nacional de Proyectos, Sarahi García compartió el esfuerzo colectivo entre JJI, Documenta, Fair Trials y la escuela de derecho de Northwestern para recopilar información en México y otros países de América Latina y salvar vidas por medio de la información. 

Esta actividad es la sexta de una serie que estaremos realizando con expertos en el área. Para más información puedes seguirnos en nuestras redes sociales, o bien escribirnos a info@jjadvocates.org

Cabe señalar que las tres encuestas elaboradas por parte del esfuerzo colectivo mencionado previamente son: 

  • Un cuestionario dirigido a familiares y/o acompañantes de personas adolescentes en internamiento: https://tinyurl.com/ydd5sr9y 
  • El cuestionario dirigido a Titulares de los centros de internamiento: http://tiny.cc/8vxynz  
  • Y el cuestionario dirigido a autoridades operadoras del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes (jueces, juezas, magistrados, magistradas y defensores públicos especializados en justicia para adolescentes): http://tiny.cc/d0xynz
#coronavirus ansiedad autoridades condiciones coronavirus covid-19 covid19 depresión derecho derecho a la salud epidemia mexico responsabilidad salud
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Conferencia sobre Covid-19, Crisis Humanitaria para los Jóvenes en Detención en Latinoamérica

https://youtu.be/3MOSFq_hE1M

Conferencia de 26 de Marzo. Covid-19 Desafíos en el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes

https://youtu.be/52zianCu_3A

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Juvenile Justice Advocates International
US-registered 501(c)(3) non-profit. ©Todos los Derechos Reservados 2022

How the U.S. exports failed policies:

  • International Funding

The U.S. funds more police, court, prosecutor and prison development projects around the world than any other funder.

  • Prison Accreditation.

With U.S. financial support, the American Correctional Association (ACA) has accredited prisons in Mexico, Columbia and the United Arab Emirates. Many of these facilities have documented histories of grave human rights abuses, systemic child abuse and cartel infiltration despite accreditation and re-accreditation by the ACA.

Senator Elizabeth Warren’s report on the failure of the ACA in the U.S. shows why the U.S. should not be funding the ACA overseas.

  • Police Training

U.S. police officers with documented histories of misconduct are hired by the U.S. State Department and sent to developing countries to train police units. 

  • Mass Incarceration and Plea Bargaining 

U.S.-backed plea-bargaining reforms have proliferated across the globe, endangering defendants’ rights to a trial and incentivizing excessive bail and pretrial detention.

  • Drug War Policies

Drug war policies have led to the dramatic growth of incarceration in Latin America, particularly of women. 

  • U.S Criminal Justice Sold as the “Gold Standard”

There is often an assumption that U.S. practices and policies represent a “higher standard,” are “more modern” and “more professional.” 

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  • Rejecting Key International Laws

The US is not a party to key human rights treaties governing criminal justice, such as the Convention on the Rights of the Child  and the American Convention on Human Rights despite the fact that nearly every country where the U.S. promotes its practices are parties to these international instruments.

  • Prioritizing Security Interests over Human Rights

Security, not human rights or community safety, is the priority of the U.S. criminal justice’s foreign investments. This can undermine local reforms to limit police and prosecutor power or reduce incarceration.


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“Convention on the Rights of the Child”

“A Broken Prison and Detention Facility Accreditation System That Puts Profits Over People,” the Office of Senator Elizabeth Warren, December 2020. 

“How Washington Exports Failed Criminal Justice Policies,”  Douglas Keillor, The Crime Report, August 27, 2020.

“Prison: America’s Most Vile Export?” Baz Dreisinger, The Atlantic, September 30, 2015.

“Rights of persons deprived of liberty and privatization of the penitentiary system in Mexico,” Hearing before the Inter-American Commission on Human Rights, ACHR, April 7, 2016.

“Privatización del sistema penitenciario en México,” Documenta, et al, 2016. 

“Defund the Global Policeman”, Studart Schrader,  n+1 Magazine, Issue 38, Fall 2020, 

Schrader, Stuart (2019) Badges Without Borders: How Global Counterinsurgency Transformed American Policing, University of California Press.


Guerrero

Después de años de lucha y problemas de inseguridad, decidimos en 2022 cerrar nuestro proyecto en Guerrero. Pudimos implementar nuestro instrumento de evaluación previa al juicio para garantizar que los jóvenes de bajo riesgo permanezcan en sus comunidades. Y brindamos apoyo a más de 220 jóvenes, como parte de nuestro proyecto de Movilizando Voluntarios.

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Chiapas

Por invitación del Poder Judicial del Estado de Chiapas, realizamos un estudio para evaluar la viabilidad de implementar nuestros proyectos en la región. En 2022, nuestro equipo presentó los resultados y recomendaciones. El gobierno estatal ahora está decidiendo cómo quieren colaborar con nosotros en el futuro.

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Guerrero

After years of struggle and security issues, we decided in 2022 to close our project in Guerrero. We were able to implement our pretrial screening instrument to ensure low-risk youth stay in their communities. And we provided support to over 220 youths, as part of our Mobilize and Empower project.

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Chiapas

In the state of Chiapas, at the invitation of the state judiciary, we conducted a study to assess the viability of implementing our projects. In 2022, our team presented the results and recommendations. The state government is now deciding how they want to collaborate with us in the future.

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CDMX

Vista como líder nacional en las prácticas del sistema de justicia, la Ciudad de México tiene más adolescentes en detención que cualquier otra jurisdicción. Sin embargo, también ha desarrollado una unidad de seguimiento en libertad con numerosas alianzas con organizaciones. Nuestros proyectos fortalecerán esta área crítica.

JJI está trabajando en la Ciudad de México desde dos vertientes. En Alternativas a la Detención con un monitoreo que comenzó en 2019, pero por causas sanitarias y la pandemia por COVID, se retomó dos años después con un equipo de especialistas el cual ya está preparándose para continuar la actividad. En Movilizando voluntarios, se continúa con los esfuerzos para reunir a más adolescentes con sus familias, gracias al apoyo: “Reunificación familiar”. Así como también se han realizado entrega de enseres en los 6 centros.

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Durango

A pesar de tener un número menor de adolescentes en el sistema de justicia, Durango es una jurisdicción que busca la mejora continua. Durango es el primer estado donde tanto el poder judicial como el ejecutivo han firmado convenios de colaboración para la implementación de nuestros proyectos de Alternativas a la Detención.

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Chihuahua

Chihuahua es nuestro sitio piloto y un estado considerado líder en la reforma penal en México. Nuestros proyectos comenzaron en el 2016. Desde entonces, los tiempos en detención preventiva han disminuido, los adolescentes son supervisados con mayor eficiencia en sus comunidades y se ha mejorado la calidad de vida de aquellos adolescentes que siguen privados de su libertad.

En Chihuahua trabajamos con varios proyectos, como son el monitoreo que se trabaja en conjunto con la autoridad, y con los adolescentes y sus familias trabajamos en talleres, mesas de trabajo, eventos lúdicos, acompañamiento post penal, reubicaciones y traslados de familiares para audiencias y visitas, así como donaciones de enseres, ropa y material deportivo.

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Chihuahua

A national leader in criminal procedural reforms, our pilot project in Chihuahua started in 2016. Since that time the rates and duration of pretrial detention have declined, youth are being successfully supervised in their communities and new programs in the detention center have improved daily life for those children still deprived of liberty.

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Looked to as the national leader in youth justice practices, Mexico City has more youth in detention than any other jurisdiction but has also developed a robust probation office and numerous alliances with nonprofits. Our projects will further fortify this critical work.

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Durango

Despite being a smaller jurisdiction, Durango is constantly looking to improve. Durango is the first state where both the Executive Branch and Judicial Branch have signed Memorandum of Understanding to launch the Alternatives to Detention initiatives.

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