Algunos tribunales y centros especializados para adolescentes están tomando medidas agresivas frente a la pandemia a fin de intentar implementar políticas apropiadas en circunstancias difíciles. 

Estas acciones muestran buenas prácticas que deben de ser replicadas en otras entidades para asegurar los derechos y la salud de las y los adolescentes y el personal del sistema especializado, pero se requiere una medición de las mismas a fin de poder conocer las áreas de oportunidad y cómo se puede mejorar en pro de los adolescentes que se encuentran en internamiento.

Es por ello que se realizó el webinar titulado: COVID-19: Actuación del Sistema de Justicia para adolescentes, donde se mostraron resultados preliminares de tres encuestas realizadas a familiares de adolescentes que actualmente se encuentran en internamiento en algún centro del país, centros especializados y el poder judicial. 

Para esta edición contamos con panelistas como Isabel C. Roby, Oficial Legal y de Políticas para Fair Trials Américas; Alma Esqueda, Coordinadora del Proyecto Adolescentes en Saltillo para Documenta y nuestra Directora Nacional de Proyectos, Sarahi García. Las expertas en el área comentaron los resultados preliminares ante las medidas tomadas por parte de las autoridades correspondientes en el sistema de justicia para adolescentes. Algunos factores que se destacaron fueron los siguientes:

Indicadores preocupantes:

• Aumento de la población privada de su libertad.
• Tribunales que difieren sus audiencias.
• Falta de pruebas de COVID-19 y otras medidas preventivas en los centros.

Dentro de los puntos relevantes derivados de los resultados preliminares de la encuesta para centros especializados en 23 centros de 18 estados del país, destacan: 

• No se reportó ningún caso de COVID-19 en adolescentes ni por parte del personal reportado por la encuesta.
• Se reportaron 4 casos sospechosos de COVID-19 en adultos que se desempeñan como parte del personal de 3 centros.

Sin embargo, se mencionó que de forma extraoficial se han reportado al menos 3 contagios al interior de centros. 

Y como parte de sus puntos clave: 

• El acceso a pruebas de COVID-19 es insuficiente y como resultado no se puede medir el riesgo real.
• Todos los centros deben de tener las medidas adecuadas para prevenir infecciones, poder realizar pruebas COVID de manera oportuna y dar atención a los casos confirmados. 
• Casi todos los centros están siendo menos restrictivos con sus políticas de llamadas y están implementando videollamadas por primera vez.

En lo que corresponde a los resultados preliminares de la encuesta del Poder Judicial contestada por 24 Distritos Judiciales de 19 estados:

• Se reflejó el aumento en el uso de la medida cautelar privativa de la libertad.
• Las revisiones de medidas sancionadoras son apropiadas, más no se dieron en todos los estados.
• Las audiencias diferidas pueden ser una preocupación cuando se trata de revisar las medidas privativas de la libertad. No se debe de diferir, más bien acelerar.

Por otra parte, también se realizó una exposición de resultados preliminares de la encuesta a familiares de adolescentes en internamiento.

Esta fue respondida por 17 familiares o acompañantes de adolescentes  en internamiento de la Ciudad de México, Coahuila, Chihuahua, Durango y Morelos, en donde al preguntar por el estado de salud de los jóvenes, se reportó 1 caso positivo por COVID-19.

De acuerdo a los familiares o acompañantes de los adolescentes, las principales problemáticas que han enfrentado en los centros han sido:

• Preocupación por la salud y situación de su hijo en internamiento (76% de las familiares afirmó tener alguna preocupación).
• Afectaciones económicas que están viviendo.
• La poca comunicación con sus hijos.

Por lo cual, los puntos claves de esta se resumieron a:

• Brindar información clara a familiares sobre la situación al interior de los centros de internamiento y protocolos de actuación en caso de contagios.
• Garantizar la comunicación de los adolescentes con sus familiares (vía telefónica o videollamadas).
• Garantizar el acceso a la salud de los adolescentes y brindar esta información a familiares.

Dichos resultados preliminares antes mencionados, nos permitieron realizar una serie de recomendaciones generales con las cuales exhortamos a las autoridades competentes a emitir directrices, con el objetivo de alentar prácticas que reduzcan el número de personas adolescentes en prisión preventiva:

POLICÍA

• Evitar arrestar y detener a personas adolescentes por delitos menores.

MINISTERIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS 

• Considerar no solicitar la prisión preventiva, excepto en casos extraordinarios y tomando en cuenta el riesgo de contagio al interior.

• Considerar la información sobre la salud de la persona adolescente antes de decidir si solicitar prisión preventiva.

JUECES ESPECIALIZADOS

• Evitar imponer la prisión preventiva excepto para los casos más extremos, ya que los centros no cuentan en su mayoría con la capacidad de prevenir contagios al interior. 

• Continuar revisando la prisión preventiva y liberar de forma proactiva a la mayor cantidad posible, priorizando a los grupos vulnerables: aquellos con problemas de salud y condiciones subyacentes, adolescentes embarazadas o lactantes, etc.

Estas encuestas no hubieran sido posibles sin el trabajo en conjunto de JJI con Failr Trials, Northwestern School of Law y Documenta A.C., lo que derivó en nuestro noveno webinar de una serie que estaremos realizando con expertos en el área.  

Si deseas saber un poco más sobre nuestras actividades durante el COVID-19, puedes consultar nuestra página web aquí, o puedes informarte sobre nuestros webinars con expertos aquí, y si deseas ver la presentación de los resultados preliminares puedes acceder aquí. Si tienes alguna duda o comentarios al respecto, puedes escribirnos a  info@jjadvocates.org. 

RECOMENDACIÓN: La OEA realizó la publicación titulada: “Justicia Juvenil y Derechos Humanos en las Américas”, el cual puede consultarse aquí.