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septiembre 11, 2020  |  Por Douglas Keillor En Noticias

POSICIONAMIENTO ANTE HECHOS OCURRIDOS EN CIUDAD JUÁREZ

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Justicia Juvenil Internacional México A.C., es una organización civil cuya misión es abogar por la creación y reforma de políticas en el sistema de justicia penal para adolescentes para mejorar el respeto a los derechos humanos de este grupo.

El pasado 5 de septiembre, fueron aprehendidas cuatro adolescentes en una manifestación en Ciudad Juárez, Chihuahua, en la que se alegan diversas violaciones a los derechos humanos, y atentados a la integridad física y psicológica de las mismas.

Ante estos hechos, existe una disyuntiva entre información oficial y diversos testimonios de mujeres que fueron detenidas.

Por lo que esta organización, Granja Hogar A.C., Centro de Inteligencia Familiar, A.C. (CIFAC), Juan Carlos Orrantia, integrante de la Mesa de Albergues de Ciudad Juárez, Chihuahua, Salvador Cruz Sierra, profesor del Colegio Frontera Norte, A.C., Alna Cristina Treviño Olivas, Coordinadora Ejecutiva de Red de Discapacidad, A.C., Martha Ivonne Alvídrez Méndez, Directora Regional del Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana (FICOSEC)  en Delicias, Chihuahua,  y en conjunto como defensores de los derechos humanos de la niñez y adolescencia hacemos un llamado a las autoridades municipales de Juárez, a conducirse conforme a la normatividad internacional, nacional y local relacionadas con el trato diferenciado y especializado para garantizar la protección de los derechos de la infancia y adolescencia.

Exhortamos a que se asegure de manera efectiva la sensibilización y sobre todo la especialización de las autoridades de seguridad pública y cualquier funcionario que tenga contacto con este grupo etario. 

Solicitamos la coordinación de esfuerzos entre expertos y gobierno para la elaboración de un protocolo de actuación que sea congruente con la Convención de los Derechos del Niño, y los tratados internacionales respectivos.

El mismo instrumento deberá de reconocer el respeto a los derechos humanos, de manera que se tengan en cuenta las necesidades de las personas de su edad, y contar además con perspectiva de género, para certificar a los agentes de seguridad pública que atienden detenciones de las y los adolescentes.

En los resultados de la Primera Encuesta Nacional de Adolescentes en el Sistema de Justicia Penal (ENASJUP) del 2017, del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), el 50.2% de los adolescentes detenidos manifestaron haber sido objeto de algún tipo de agresión física, por lo que aún existe mucho trabajo por hacer.

Aunado a lo anterior, los resultados del diagnóstico anual de JJI México A.C. del estado de Chihuahua del 2019 arrojó que durante la detención el 32.14 % de adolescentes entrevistados manifestaron que no les dijeron sus derechos, 25% dijo no se le informó el motivo de la detención, 10.71% sufrieron agresiones físicas, el 50% manifestó haber sido recluido junto con adultos, y 46.42% se encontraban en el mismo espacio que las personas ya sentenciadas.

Lo anterior, evidencia el gran reto de capacitar en materia de derechos humanos y procesales de los adolescentes.

Es por lo que como organizaciónes de la sociedad civil parte integrante del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA Estatal), en búsqueda de la justicia y en protección de los derechos humanos, solicitamos:

  • La elaboración de protocolos de actuación para la detención con perspectiva de adolescencia y género.
  • Se sensibilice, capacite y certifique a los elementos de Seguridad Pública, que tengan contacto con personas adolescentes, niñas y niños.
  • Se establezca un mecanismo de vigilancia y monitoreo que permita asegurar la detención justificada y el respeto de los derechos humanos.
  • Así como, un sistema de quejas para cualquier adolescente que se encuentre privado de la libertad.

Nos solidarizamos con la causa, y solicitamos se comiencen los trabajos a la brevedad posible, nos encontramos dispuestos a colaborar con las autoridades con la intención de mejorar las áreas de oportunidad de las instituciones policiacas para el tratamiento con apego a derecho de adolescentes y el trato diferenciado requerido.

Esperamos pronto se reflejen las acciones por parte de las autoridades correspondientes en temas tan sentidos por toda la sociedad.

adolescentes arrestos ciudad juárez detenciones policía
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Conferencia sobre Covid-19, Crisis Humanitaria para los Jóvenes en Detención en Latinoamérica

https://youtu.be/3MOSFq_hE1M

Conferencia de 26 de Marzo. Covid-19 Desafíos en el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes

https://youtu.be/52zianCu_3A

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How the U.S. exports failed policies:

  • International Funding

The U.S. funds more police, court, prosecutor and prison development projects around the world than any other funder.

  • Prison Accreditation.

With U.S. financial support, the American Correctional Association (ACA) has accredited prisons in Mexico, Columbia and the United Arab Emirates. Many of these facilities have documented histories of grave human rights abuses, systemic child abuse and cartel infiltration despite accreditation and re-accreditation by the ACA.

Senator Elizabeth Warren’s report on the failure of the ACA in the U.S. shows why the U.S. should not be funding the ACA overseas.

  • Police Training

U.S. police officers with documented histories of misconduct are hired by the U.S. State Department and sent to developing countries to train police units. 

  • Mass Incarceration and Plea Bargaining 

U.S.-backed plea-bargaining reforms have proliferated across the globe, endangering defendants’ rights to a trial and incentivizing excessive bail and pretrial detention.

  • Drug War Policies

Drug war policies have led to the dramatic growth of incarceration in Latin America, particularly of women. 

  • U.S Criminal Justice Sold as the “Gold Standard”

There is often an assumption that U.S. practices and policies represent a “higher standard,” are “more modern” and “more professional.” 

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  • Rejecting Key International Laws

The US is not a party to key human rights treaties governing criminal justice, such as the Convention on the Rights of the Child  and the American Convention on Human Rights despite the fact that nearly every country where the U.S. promotes its practices are parties to these international instruments.

  • Prioritizing Security Interests over Human Rights

Security, not human rights or community safety, is the priority of the U.S. criminal justice’s foreign investments. This can undermine local reforms to limit police and prosecutor power or reduce incarceration.


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“Convention on the Rights of the Child”

“A Broken Prison and Detention Facility Accreditation System That Puts Profits Over People,” the Office of Senator Elizabeth Warren, December 2020. 

“How Washington Exports Failed Criminal Justice Policies,”  Douglas Keillor, The Crime Report, August 27, 2020.

“Prison: America’s Most Vile Export?” Baz Dreisinger, The Atlantic, September 30, 2015.

“Rights of persons deprived of liberty and privatization of the penitentiary system in Mexico,” Hearing before the Inter-American Commission on Human Rights, ACHR, April 7, 2016.

“Privatización del sistema penitenciario en México,” Documenta, et al, 2016. 

“Defund the Global Policeman”, Studart Schrader,  n+1 Magazine, Issue 38, Fall 2020, 

Schrader, Stuart (2019) Badges Without Borders: How Global Counterinsurgency Transformed American Policing, University of California Press.


Guerrero

Después de años de lucha y problemas de inseguridad, decidimos en 2022 cerrar nuestro proyecto en Guerrero. Pudimos implementar nuestro instrumento de evaluación previa al juicio para garantizar que los jóvenes de bajo riesgo permanezcan en sus comunidades. Y brindamos apoyo a más de 220 jóvenes, como parte de nuestro proyecto de Movilizando Voluntarios.

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Chiapas

Por invitación del Poder Judicial del Estado de Chiapas, realizamos un estudio para evaluar la viabilidad de implementar nuestros proyectos en la región. En 2022, nuestro equipo presentó los resultados y recomendaciones. El gobierno estatal ahora está decidiendo cómo quieren colaborar con nosotros en el futuro.

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Guerrero

After years of struggle and security issues, we decided in 2022 to close our project in Guerrero. We were able to implement our pretrial screening instrument to ensure low-risk youth stay in their communities. And we provided support to over 220 youths, as part of our Mobilize and Empower project.

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Chiapas

In the state of Chiapas, at the invitation of the state judiciary, we conducted a study to assess the viability of implementing our projects. In 2022, our team presented the results and recommendations. The state government is now deciding how they want to collaborate with us in the future.

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CDMX

Vista como líder nacional en las prácticas del sistema de justicia, la Ciudad de México tiene más adolescentes en detención que cualquier otra jurisdicción. Sin embargo, también ha desarrollado una unidad de seguimiento en libertad con numerosas alianzas con organizaciones. Nuestros proyectos fortalecerán esta área crítica.

JJI está trabajando en la Ciudad de México desde dos vertientes. En Alternativas a la Detención con un monitoreo que comenzó en 2019, pero por causas sanitarias y la pandemia por COVID, se retomó dos años después con un equipo de especialistas el cual ya está preparándose para continuar la actividad. En Movilizando voluntarios, se continúa con los esfuerzos para reunir a más adolescentes con sus familias, gracias al apoyo: “Reunificación familiar”. Así como también se han realizado entrega de enseres en los 6 centros.

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Durango

A pesar de tener un número menor de adolescentes en el sistema de justicia, Durango es una jurisdicción que busca la mejora continua. Durango es el primer estado donde tanto el poder judicial como el ejecutivo han firmado convenios de colaboración para la implementación de nuestros proyectos de Alternativas a la Detención.

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Chihuahua

Chihuahua es nuestro sitio piloto y un estado considerado líder en la reforma penal en México. Nuestros proyectos comenzaron en el 2016. Desde entonces, los tiempos en detención preventiva han disminuido, los adolescentes son supervisados con mayor eficiencia en sus comunidades y se ha mejorado la calidad de vida de aquellos adolescentes que siguen privados de su libertad.

En Chihuahua trabajamos con varios proyectos, como son el monitoreo que se trabaja en conjunto con la autoridad, y con los adolescentes y sus familias trabajamos en talleres, mesas de trabajo, eventos lúdicos, acompañamiento post penal, reubicaciones y traslados de familiares para audiencias y visitas, así como donaciones de enseres, ropa y material deportivo.

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Chihuahua

A national leader in criminal procedural reforms, our pilot project in Chihuahua started in 2016. Since that time the rates and duration of pretrial detention have declined, youth are being successfully supervised in their communities and new programs in the detention center have improved daily life for those children still deprived of liberty.

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Looked to as the national leader in youth justice practices, Mexico City has more youth in detention than any other jurisdiction but has also developed a robust probation office and numerous alliances with nonprofits. Our projects will further fortify this critical work.

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Durango

Despite being a smaller jurisdiction, Durango is constantly looking to improve. Durango is the first state where both the Executive Branch and Judicial Branch have signed Memorandum of Understanding to launch the Alternatives to Detention initiatives.

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