• Las organizaciones explicaron que la discusión no es sobre la calidad de las instalaciones sino que el CERESO de San Miguel, está destinado para personas adultas privadas de la libertad.
• El Comité de Derechos del Niño de la ONU establece que un niño privado de la libertad no debe ser internado en una prisión para adultos por peligro a su salud y seguridad.
• Fue un diálogo interesante con autoridades del Gobierno de Puebla, donde la sociedad civil organizada y académicos fundamentaron la violación del interés superior de la niñez al trasladar a los adolescentes del CIEPA al CERESO de San Miguel.
• Esta reunión pudo ser realizada gracias a la apertura de las autoridades luego de una rueda de prensa organizada por asociaciones aliadas el pasado 12 de junio.

A través de una reunión realizada durante la noche del 16 de junio, por parte de las organizaciones convocantes con el Gobierno del Estado (representado por el Secretario de Gobernación, Secretario de Seguridad Pública, Presidente del TSJ) y el Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos además de la Secretaría Técnica del SIPINNA estatal, se exigió restaurar la legalidad y protección de los derechos humanos de las personas adolescentes regresándolas de manera inmediata al CIEPA.

En el evento, el Secretario de Gobernación del Estado de Puebla, aseguró que las siete personas del sexo masculino, fueron trasladados a un lugar que cuenta con los requerimientos, además de una entrada independiente al CERESO de San Miguel. Mostraron fotografías y un video de las instalaciones. Las organizaciones explicamos que la discusión no está en la calidad de las instalaciones, sino en la ubicación de las mismas en un penal para personas adultas y las violaciones a las leyes y documentos internacionales en la materia.

Las autoridades reconocieron que la decisión del traslado fue un acto, fundamentado jurídicamente en la necesidad del sistema penal de adultos, más no se compartió el cuestionamiento de incumplimiento al interés superior de la niñez. Por lo cual las organizaciones enlistamos los marcos normativos internacionales y nacionales en la materia, principalmente el Artículo 4o Constitucional que establece el interés superior de la niñez por encima del interés general, por lo que se pidió tener una fecha de retorno a su centro y se restaure la legalidad, además de la aplicación del procedimiento de restitución de derechos argumentado en el artículo 123 de la Ley General de derechos de niñas, niños y adolescentes. También se solicitó la posibilidad de elaborar un estudio sobre los posibles efectos negativos que el traslado pudo ocasionar en los jóvenes, y así poder revertir cualquier posible daño, ya que actualmente no se puede comprobar el estado de salud física y psicológica de los adolescentes debido al estado de aislamiento en el que se encuentran.

Las autoridades no definieron una fecha para el retorno de los jóvenes al CIEPA, debido a que aseguraron que ésta depende de las decisiones sanitarias de la pandemia, ante lo cual las organizaciones insistieron en la prioridad de la niñez e hicieron notar lo delicado de convertir el CIEPA en hospital COVID19 porque las instalaciones están junto a otros servicios públicos para niñas niños y adolescentes incrementando el riesgo de contagios en la población infantil.

Los acuerdos que se lograron en la reunión fueron los siguientes:

• La petición formal de una reunión de seguimiento con las mismas autoridades, en un máximo de dos semanas para buscar una fecha de retorno al CIEPA.
• La instalación de una mesa de seguimiento para el retorno, a fin de que se cumplan las garantías para la salvaguarda de los adolescentes además de un trato digno acorde a sus derechos humanos.
• El otorgamiento de información oficial respecto el número de internos trasladados, situación jurídica, proceso que se siguió a fin de hacerlo público y transparente.

Organizaciones y aliad@s:

PRO-NIÑEZ, REDIM Red por los derechos de la infancia en México, JUSTICIA JUVENIL INTERNACIONAL MÉXICO, SERVICIOS A LA JUVENTUD, A.C.; Dra. Elena Azaola y Dra. Sofia Cobo.

Adhesiones:

• Fundación Reintegra IAP.
• Colectivo Algaraza.
• Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas (CIDHPDA, Yucatán).
• Instituto de Justicia Procesal Penal, A.C.
• Fundación CEILI.
• Colectivo por los DH de NNA.
• Instituto Sapientia Regis AC Kirsha Carretero.
• BYDA.
• Asociación Mexicana de Justicia Terapéutica.
• AMAD Asesoría para el manejo Adecuado de la Discapacidad A.C.
• Centros de Prevención Comunitaria Reintegra IAP.
• Consejo de participación ciudadana para la niñez y adolescencia.
• Documenta A.C.
• Grupo Fadina S.A. de C.V.
• Centro de Integración Psicológica y Aprendizaje A.C.
• Mounstro Producciones.
• Azucena Flores Saciñond, profesionistas independiente.
• Julio Ángel Canul Chan, profesionistas independiente.
• Observatorio de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes ODENNAP.
• Red por la infancia y la Adolescencia.
• Gonzalo Berrios Catedrático y Especialista en Justicia para Adolescentes.
• Centro Iberoamericano de Derechos del Niño (CIDENI)
• Asociación Argentina de la Justicia de Ejecución Penal.