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junio 19, 2020  |  Por Marisol Marín En COVID-19, Noticias

ORGANIZACIONES SE REÚNEN CON EL GOBIERNO DE PUEBLA PARA REITERAR LA URGENCIA DE RETORNO DE ADOLESCENTES AL CIEPA

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  • Las organizaciones explicaron que la discusión no es sobre la calidad de las instalaciones sino que el CERESO de San Miguel, está destinado para personas adultas privadas de la libertad.
  • El Comité de Derechos del Niño de la ONU establece que un niño privado de la libertad no debe ser internado en una prisión para adultos por peligro a su salud y seguridad.
  • Fue un diálogo interesante con autoridades del Gobierno de Puebla, donde la sociedad civil organizada y académicos fundamentaron la violación del interés superior de la niñez al trasladar a los adolescentes del CIEPA al CERESO de San Miguel.
  • Esta reunión pudo ser realizada gracias a la apertura de las autoridades luego de una rueda de prensa organizada por asociaciones aliadas el pasado 12 de junio.

A través de una reunión realizada durante la noche del 16 de junio, por parte de las organizaciones convocantes con el Gobierno del Estado (representado por el Secretario de Gobernación, Secretario de Seguridad Pública, Presidente del TSJ) y el Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos además de la Secretaría Técnica del SIPINNA estatal, se exigió restaurar la legalidad y protección de los derechos humanos de las personas adolescentes regresándolas de manera inmediata al CIEPA.

En el evento, el Secretario de Gobernación del Estado de Puebla, aseguró que las siete personas del sexo masculino, fueron trasladados a un lugar que cuenta con los requerimientos, además de una entrada independiente al CERESO de San Miguel. Mostraron fotografías y un video de las instalaciones. Las organizaciones explicamos que la discusión no está en la calidad de las instalaciones, sino en la ubicación de las mismas en un penal para personas adultas y las violaciones a las leyes y documentos internacionales en la materia.

Las autoridades reconocieron que la decisión del traslado fue un acto, fundamentado jurídicamente en la necesidad del sistema penal de adultos, más no se compartió el cuestionamiento de incumplimiento al interés superior de la niñez. Por lo cual las organizaciones enlistamos los marcos normativos internacionales y nacionales en la materia, principalmente el Artículo 4o Constitucional que establece el interés superior de la niñez por encima del interés general, por lo que se pidió tener una fecha de retorno a su centro y se restaure la legalidad, además de la aplicación del procedimiento de restitución de derechos argumentado en el artículo 123 de la Ley General de derechos de niñas, niños y adolescentes. También se solicitó la posibilidad de elaborar un estudio sobre los posibles efectos negativos que el traslado pudo ocasionar en los jóvenes, y así poder revertir cualquier posible daño, ya que actualmente no se puede comprobar el estado de salud física y psicológica de los adolescentes debido al estado de aislamiento en el que se encuentran.

Las autoridades no definieron una fecha para el retorno de los jóvenes al CIEPA, debido a que aseguraron que ésta depende de las decisiones sanitarias de la pandemia, ante lo cual las organizaciones insistieron en la prioridad de la niñez e hicieron notar lo delicado de convertir el CIEPA en hospital COVID19 porque las instalaciones están junto a otros servicios públicos para niñas niños y adolescentes incrementando el riesgo de contagios en la población infantil.

Los acuerdos que se lograron en la reunión fueron los siguientes:

  • La petición formal de una reunión de seguimiento con las mismas autoridades, en un máximo de dos semanas para buscar una fecha de retorno al CIEPA.
  • La instalación de una mesa de seguimiento para el retorno, a fin de que se cumplan las garantías para la salvaguarda de los adolescentes además de un trato digno acorde a sus derechos humanos.
  • El otorgamiento de información oficial respecto el número de internos trasladados, situación jurídica, proceso que se siguió a fin de hacerlo público y transparente.

Organizaciones y aliad@s:

PRO-NIÑEZ, REDIM Red por los derechos de la infancia en México, JUSTICIA JUVENIL INTERNACIONAL MÉXICO, SERVICIOS A LA JUVENTUD, A.C.; Dra. Elena Azaola y Dra. Sofia Cobo.

Adhesiones:

  • Fundación Reintegra IAP.
  • Colectivo Algaraza.
  • Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas (CIDHPDA, Yucatán).
  • Instituto de Justicia Procesal Penal, A.C.
  • Fundación CEILI.
  • Colectivo por los DH de NNA.
  • Instituto Sapientia Regis AC Kirsha Carretero.
  • BYDA.
  • Asociación Mexicana de Justicia Terapéutica.
  • AMAD Asesoría para el manejo Adecuado de la Discapacidad A.C.
  • Centros de Prevención Comunitaria Reintegra IAP.
  • Consejo de participación ciudadana para la niñez y adolescencia.
  • Documenta A.C.
  • Grupo Fadina S.A. de C.V.
  • Centro de Integración Psicológica y Aprendizaje A.C.
  • Mounstro Producciones.
  • Azucena Flores Saciñond, profesionistas independiente.
  • Julio Ángel Canul Chan, profesionistas independiente.
  • Observatorio de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes ODENNAP.
  • Red por la infancia y la Adolescencia.
  • Gonzalo Berrios Catedrático y Especialista en Justicia para Adolescentes.
  • Centro Iberoamericano de Derechos del Niño (CIDENI)
  • Asociación Argentina de la Justicia de Ejecución Penal.
#coronavirus covid covid19 gobierno de puebla jovenes menores puebla
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Conferencia sobre Covid-19, Crisis Humanitaria para los Jóvenes en Detención en Latinoamérica

https://youtu.be/3MOSFq_hE1M

Conferencia de 26 de Marzo. Covid-19 Desafíos en el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes

https://youtu.be/52zianCu_3A

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Guerrero

Después de años de lucha y problemas de inseguridad, decidimos en 2022 cerrar nuestro proyecto en Guerrero. Pudimos implementar nuestro instrumento de evaluación previa al juicio para garantizar que los jóvenes de bajo riesgo permanezcan en sus comunidades. Y brindamos apoyo a más de 220 jóvenes, como parte de nuestro proyecto de Movilizando Voluntarios.

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Por invitación del Poder Judicial del Estado de Chiapas, realizamos un estudio para evaluar la viabilidad de implementar nuestros proyectos en la región. En 2022, nuestro equipo presentó los resultados y recomendaciones. El gobierno estatal ahora está decidiendo cómo quieren colaborar con nosotros en el futuro.

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After years of struggle and security issues, we decided in 2022 to close our project in Guerrero. We were able to implement our pretrial screening instrument to ensure low-risk youth stay in their communities. And we provided support to over 220 youths, as part of our Mobilize and Empower project.

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In the state of Chiapas, at the invitation of the state judiciary, we conducted a study to assess the viability of implementing our projects. In 2022, our team presented the results and recommendations. The state government is now deciding how they want to collaborate with us in the future.

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Vista como líder nacional en las prácticas del sistema de justicia, la Ciudad de México tiene más adolescentes en detención que cualquier otra jurisdicción. Sin embargo, también ha desarrollado una unidad de seguimiento en libertad con numerosas alianzas con organizaciones. Nuestros proyectos fortalecerán esta área crítica.

JJI está trabajando en la Ciudad de México desde dos vertientes. En Alternativas a la Detención con un monitoreo que comenzó en 2019, pero por causas sanitarias y la pandemia por COVID, se retomó dos años después con un equipo de especialistas el cual ya está preparándose para continuar la actividad. En Movilizando voluntarios, se continúa con los esfuerzos para reunir a más adolescentes con sus familias, gracias al apoyo: “Reunificación familiar”. Así como también se han realizado entrega de enseres en los 6 centros.

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A pesar de tener un número menor de adolescentes en el sistema de justicia, Durango es una jurisdicción que busca la mejora continua. Durango es el primer estado donde tanto el poder judicial como el ejecutivo han firmado convenios de colaboración para la implementación de nuestros proyectos de Alternativas a la Detención.

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Chihuahua es nuestro sitio piloto y un estado considerado líder en la reforma penal en México. Nuestros proyectos comenzaron en el 2016. Desde entonces, los tiempos en detención preventiva han disminuido, los adolescentes son supervisados con mayor eficiencia en sus comunidades y se ha mejorado la calidad de vida de aquellos adolescentes que siguen privados de su libertad.

En Chihuahua trabajamos con varios proyectos, como son el monitoreo que se trabaja en conjunto con la autoridad, y con los adolescentes y sus familias trabajamos en talleres, mesas de trabajo, eventos lúdicos, acompañamiento post penal, reubicaciones y traslados de familiares para audiencias y visitas, así como donaciones de enseres, ropa y material deportivo.

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Chihuahua

A national leader in criminal procedural reforms, our pilot project in Chihuahua started in 2016. Since that time the rates and duration of pretrial detention have declined, youth are being successfully supervised in their communities and new programs in the detention center have improved daily life for those children still deprived of liberty.

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Looked to as the national leader in youth justice practices, Mexico City has more youth in detention than any other jurisdiction but has also developed a robust probation office and numerous alliances with nonprofits. Our projects will further fortify this critical work.

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Despite being a smaller jurisdiction, Durango is constantly looking to improve. Durango is the first state where both the Executive Branch and Judicial Branch have signed Memorandum of Understanding to launch the Alternatives to Detention initiatives.

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