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octubre 11, 2019  |  Por Marisol Marín En Noticias

JJI Visita Bolivia para hablar acerca de las Reformas en Justicia Juvenil de México

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Sarahi Garcia Martinez – directora nacional de proyectos de JJI Mexico – comparte en La Paz, Bolivia

Esta ha sido la experiencia en México – una aclaración que continuamente repetí durante mi ponencia en el Congreso Internacional Justicia Restaurativa y Sistema Penal para Adolescentes en La Paz, Bolivia. Es innegable que la experiencia mexicana comparte la herencia que el sistema tutelar dejó en los países centro y sudamericanos. Este sistema adaptado de iniciativas norteamericanas marcó una generación no solo de niños, niñas y adolescentes, sino también de instituciones y escuelas de pensamiento. El sistema tutelar nos debió de haber enseñado que no podemos considerar a la persona adolescente como un ser incompetente e incompleto, sino que es una persona en desarrollo. Nos enseñó que no es rentable para el Estado tener un papel pater familiae, sino que las instituciones de otros sistemas de protección deben de poder colaborar en conjunto por una restauración del tejido social y entonces el Estado en su ejercicio democrático debe de restituir las garantías de los más vulnerables que han tenido contacto con el sistema de justicia. Más importante, considero que en México nos enseñó la importancia de la dignidad humana inherente de las personas adolescentes.

En la mayoría de los foros donde he tenido el honor de intercambiar experiencias en el sistema de justicia integral para adolescentes, la temática ha sido en groso modo enfocada en los aspectos técnicos bajo los cuales opera el sistema de justicia, como el proceso judicial, tratamiento en centros de detención, programas para adolescentes en sus comunidades, entre otras.

Durante mi participación en el Congreso Internacional pude identificar un sentimiento en común con otros colegas de diversas partes del continente. Los que por décadas han luchado por un sistema de justicia para adolescentes más garantista y aquellos que nos hemos reunido a esta causa recientemente, hemos identificado que a raíz de la ineficiencia de los sistemas de protección de la niñez que deben de coadyuvar al sistema de justicia, el Estado se encuentra en peligro de volver a tomar una mirada de sobre protección, un neo tutelarismo. 

La sociedad tiene la expectativa de tener comunidades más seguras, demanda justicia y demanda seguridad. Un sistema de justicia puede proveer lo primero, mas lo segundo es el resultado de esfuerzos en conjunto de otras áreas del aparato del Estado. Por ejemplo, no podemos dejar a un lado la importancia de la prevención, como tampoco podemos ignorar las consecuencias de que una persona adolescente sea parte de un sistema de justicia ineficiente. Peligrosamente se puede presentar un neo tutelarismo cuando el sistema de justicia tiene que nuevamente tomar la tarea de brindar todas las garantías y protecciones a los adolescentes. Un ejemplo claro son los adolescentes en conflicto con la ley con problemas de consumo de sustancias. Deben de existir agencias coadyuvantes parte de un sistema de protección que brinde apoyo al sistema de justicia para adolescentes durante el proceso judicial cuando está presente la presunción de inocencia. 

Durante el Congreso Internacional pude encontrar la esperanza de contar con agencias y organizaciones diversas sumándose al proceso de restitución de derechos de las personas adolescentes. Con certeza, creo que un proceso similar puede suceder en México. Los operadores del sistema se han dado cuenta ya del valor del involucramiento de la sociedad civil y la corresponsabilidad de otras dependencias de gobierno. 

Eventos como el Congreso Internacional en Bolivia nos recuerdan este principio de colaboración que no debemos de perder en ningún momento. Extiendo mi agradecimiento por la oportunidad de formar parte de tan importante foro. 

Esta ha sido la experiencia en México – una aclaración que continuamente repetí durante mi ponencia en el Congreso Internacional Justicia Restaurativa y Sistema Penal para Adolescentes en La Paz, Bolivia. Es innegable que la experiencia mexicana comparte la herencia que el sistema tutelar dejó en los países centro y sudamericanos. Este sistema adaptado de iniciativas norteamericanas marcó una generación no solo de niños, niñas y adolescentes, sino también de instituciones y escuelas de pensamiento. El sistema tutelar nos debió de haber enseñado que no podemos considerar a la persona adolescente como un ser incompetente e incompleto, sino que es una persona en desarrollo. Nos enseñó que no es rentable para el Estado tener un papel pater familiae, sino que las instituciones de otros sistemas de protección deben de poder colaborar en conjunto por una restauración del tejido social y entonces el Estado en su ejercicio democrático debe de restituir las garantías de los más vulnerables que han tenido contacto con el sistema de justicia. Más importante, considero que en México nos enseñó la importancia de la dignidad humana inherente de las personas adolescentes.

En la mayoría de los foros donde he tenido el honor de intercambiar experiencias en el sistema de justicia integral para adolescentes, la temática ha sido en groso modo enfocada en los aspectos técnicos bajo los cuales opera el sistema de justicia, como el proceso judicial, tratamiento en centros de detención, programas para adolescentes en sus comunidades, entre otras. Fue sumamente interesante compartir la sala con

Durante mi participación en el Congreso Internacional pude identificar un sentimiento en común con otros colegas de diversas partes del continente. Los que por décadas han luchado por un sistema de justicia para adolescentes más garantista y aquellos que nos hemos reunido a esta causa recientemente, hemos identificado que a raíz de la ineficiencia de los sistemas de protección de la niñez que deben de coadyuvar al sistema de justicia, el Estado se encuentra en peligro de volver a tomar una mirada de sobre protección, un neo tutelarismo.

La sociedad tiene la expectativa de tener comunidades más seguras, demanda justicia y demanda seguridad. Un sistema de justicia puede proveer lo primero, mas lo segundo es el resultado de esfuerzos en conjunto de otras áreas del aparato del Estado. Por ejemplo, no podemos dejar a un lado la importancia de la prevención, como tampoco podemos ignorar las consecuencias de que una persona adolescente sea parte de un sistema de justicia ineficiente. Peligrosamente se puede presentar un neo tutelarismo cuando el sistema de justicia tiene que nuevamente tomar la tarea de brindar todas las garantías y protecciones a los adolescentes. Un ejemplo claro son los adolescentes en conflicto con la ley con problemas de consumo de sustancias. Deben de existir agencias coadyuvantes parte de un sistema de protección que brinde apoyo al sistema de justicia para adolescentes durante el proceso judicial cuando está presente la presunción de inocencia.

Durante el Congreso Internacional pude encontrar la esperanza de contar con agencias y organizaciones diversas sumándose al proceso de restitución de derechos de las personas adolescentes. Con certeza, creo que un proceso similar puede suceder en México. Los operadores del sistema se han dado cuenta ya del valor del involucramiento de la sociedad civil y la corresponsabilidad de otras dependencias de gobierno.

Eventos como el Congreso Internacional en Bolivia nos recuerdan este principio de colaboración que no debemos de perder en ningún momento. Extiendo mi agradecimiento por la oportunidad de formar parte de tan importante foro. 


Bolivia congreso justicia penal juvenil reformas legales sudamérica
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Conferencia sobre Covid-19, Crisis Humanitaria para los Jóvenes en Detención en Latinoamérica

https://youtu.be/3MOSFq_hE1M

Conferencia de 26 de Marzo. Covid-19 Desafíos en el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes

https://youtu.be/52zianCu_3A

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Juvenile Justice Advocates International
US-registered 501(c)(3) non-profit. ©Todos los Derechos Reservados 2022

How the U.S. exports failed policies:

  • International Funding

The U.S. funds more police, court, prosecutor and prison development projects around the world than any other funder.

  • Prison Accreditation.

With U.S. financial support, the American Correctional Association (ACA) has accredited prisons in Mexico, Columbia and the United Arab Emirates. Many of these facilities have documented histories of grave human rights abuses, systemic child abuse and cartel infiltration despite accreditation and re-accreditation by the ACA.

Senator Elizabeth Warren’s report on the failure of the ACA in the U.S. shows why the U.S. should not be funding the ACA overseas.

  • Police Training

U.S. police officers with documented histories of misconduct are hired by the U.S. State Department and sent to developing countries to train police units. 

  • Mass Incarceration and Plea Bargaining 

U.S.-backed plea-bargaining reforms have proliferated across the globe, endangering defendants’ rights to a trial and incentivizing excessive bail and pretrial detention.

  • Drug War Policies

Drug war policies have led to the dramatic growth of incarceration in Latin America, particularly of women. 

  • U.S Criminal Justice Sold as the “Gold Standard”

There is often an assumption that U.S. practices and policies represent a “higher standard,” are “more modern” and “more professional.” 

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  • Rejecting Key International Laws

The US is not a party to key human rights treaties governing criminal justice, such as the Convention on the Rights of the Child  and the American Convention on Human Rights despite the fact that nearly every country where the U.S. promotes its practices are parties to these international instruments.

  • Prioritizing Security Interests over Human Rights

Security, not human rights or community safety, is the priority of the U.S. criminal justice’s foreign investments. This can undermine local reforms to limit police and prosecutor power or reduce incarceration.


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“Convention on the Rights of the Child”

“A Broken Prison and Detention Facility Accreditation System That Puts Profits Over People,” the Office of Senator Elizabeth Warren, December 2020. 

“How Washington Exports Failed Criminal Justice Policies,”  Douglas Keillor, The Crime Report, August 27, 2020.

“Prison: America’s Most Vile Export?” Baz Dreisinger, The Atlantic, September 30, 2015.

“Rights of persons deprived of liberty and privatization of the penitentiary system in Mexico,” Hearing before the Inter-American Commission on Human Rights, ACHR, April 7, 2016.

“Privatización del sistema penitenciario en México,” Documenta, et al, 2016. 

“Defund the Global Policeman”, Studart Schrader,  n+1 Magazine, Issue 38, Fall 2020, 

Schrader, Stuart (2019) Badges Without Borders: How Global Counterinsurgency Transformed American Policing, University of California Press.


Guerrero

Después de años de lucha y problemas de inseguridad, decidimos en 2022 cerrar nuestro proyecto en Guerrero. Pudimos implementar nuestro instrumento de evaluación previa al juicio para garantizar que los jóvenes de bajo riesgo permanezcan en sus comunidades. Y brindamos apoyo a más de 220 jóvenes, como parte de nuestro proyecto de Movilizando Voluntarios.

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Chiapas

Por invitación del Poder Judicial del Estado de Chiapas, realizamos un estudio para evaluar la viabilidad de implementar nuestros proyectos en la región. En 2022, nuestro equipo presentó los resultados y recomendaciones. El gobierno estatal ahora está decidiendo cómo quieren colaborar con nosotros en el futuro.

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Guerrero

After years of struggle and security issues, we decided in 2022 to close our project in Guerrero. We were able to implement our pretrial screening instrument to ensure low-risk youth stay in their communities. And we provided support to over 220 youths, as part of our Mobilize and Empower project.

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Chiapas

In the state of Chiapas, at the invitation of the state judiciary, we conducted a study to assess the viability of implementing our projects. In 2022, our team presented the results and recommendations. The state government is now deciding how they want to collaborate with us in the future.

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CDMX

Vista como líder nacional en las prácticas del sistema de justicia, la Ciudad de México tiene más adolescentes en detención que cualquier otra jurisdicción. Sin embargo, también ha desarrollado una unidad de seguimiento en libertad con numerosas alianzas con organizaciones. Nuestros proyectos fortalecerán esta área crítica.

JJI está trabajando en la Ciudad de México desde dos vertientes. En Alternativas a la Detención con un monitoreo que comenzó en 2019, pero por causas sanitarias y la pandemia por COVID, se retomó dos años después con un equipo de especialistas el cual ya está preparándose para continuar la actividad. En Movilizando voluntarios, se continúa con los esfuerzos para reunir a más adolescentes con sus familias, gracias al apoyo: “Reunificación familiar”. Así como también se han realizado entrega de enseres en los 6 centros.

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Durango

A pesar de tener un número menor de adolescentes en el sistema de justicia, Durango es una jurisdicción que busca la mejora continua. Durango es el primer estado donde tanto el poder judicial como el ejecutivo han firmado convenios de colaboración para la implementación de nuestros proyectos de Alternativas a la Detención.

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Chihuahua

Chihuahua es nuestro sitio piloto y un estado considerado líder en la reforma penal en México. Nuestros proyectos comenzaron en el 2016. Desde entonces, los tiempos en detención preventiva han disminuido, los adolescentes son supervisados con mayor eficiencia en sus comunidades y se ha mejorado la calidad de vida de aquellos adolescentes que siguen privados de su libertad.

En Chihuahua trabajamos con varios proyectos, como son el monitoreo que se trabaja en conjunto con la autoridad, y con los adolescentes y sus familias trabajamos en talleres, mesas de trabajo, eventos lúdicos, acompañamiento post penal, reubicaciones y traslados de familiares para audiencias y visitas, así como donaciones de enseres, ropa y material deportivo.

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Chihuahua

A national leader in criminal procedural reforms, our pilot project in Chihuahua started in 2016. Since that time the rates and duration of pretrial detention have declined, youth are being successfully supervised in their communities and new programs in the detention center have improved daily life for those children still deprived of liberty.

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Looked to as the national leader in youth justice practices, Mexico City has more youth in detention than any other jurisdiction but has also developed a robust probation office and numerous alliances with nonprofits. Our projects will further fortify this critical work.

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Durango

Despite being a smaller jurisdiction, Durango is constantly looking to improve. Durango is the first state where both the Executive Branch and Judicial Branch have signed Memorandum of Understanding to launch the Alternatives to Detention initiatives.

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