El cuidado de la salud mental es una garantía que todo joven en un centro de internamiento debe tener a fin de lograr su reinserción social. El estado debe de readaptar a las y los adolescentes que pasen por sus centros de corrección.

Recientemente, tuvimos conocimiento de que se está viviendo una situación particular en el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) de Puerto Rico, donde varios jóvenes han atentado contra su vida al interior del centro de privación de libertad.

Estamos conscientes de que la pandemia ha agudizado la situación en diversas partes del mundo e inclusive reducido los servicios de salud y educación dentro de los penales que ayudaban al bienestar emocional de las personas. Mas no es una excusa para descuidar a las personas que habitan las celdas, mismas a quienes se les tiene que garantizar sus derechos humanos.

Leer: Adolescentes Privados de su Libertad y COVID-19: https://www.jjadvocates.org/es/covid19-2/

“Inclusive antes de que se tomaran medidas extremas a causa del COVID-19, el sistema le dice a los adolescentes que su vida no tiene ningún valor. No debería de sorprendernos que ellos crean que eso es cierto”, comentó al respecto nuestro director ejecutivo de Justicia Juvenil Internacional, México A. C., Douglas Keillor.

“El gobierno ha fallado completamente en proteger a estos niños de una crisis mental que era totalmente predecible como uno de los efectos de la pandemia durante su encierro. Urgen medidas radicales e inmediatas para poder salvar sus vida”, agregó Keillor  

Al respecto, abogada de adolescentes, Athelyn Jiménez Emmanuelli, sostuvo en una entrevista para el medio Microjuris que los servicios a la población adolescente de los centros no deben detenerse bajo ninguna circunstancia.

También dijo en la entrevista que de principios de julio a finales de septiembre, un total de 23 jóvenes -de una población de casi 100 menores en custodia- fueron hospitalizados por atentar contra su salud y remarcó no se debió de esperar a que aumentara a más de un caso para saber que algo malo estaba sucediendo con los adolescentes.

Es por ello que como organización exigimos que las autoridades actúen como les  corresponde y de manera expedita, para que las y los adolescentes bajo su resguardo se sientan con las seguridades que el Estado debe de proporcionarles y evitar que un incidente mal atendido se transforme en una tragedia irremediable.

Como organización llamamos a:

• Al Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico (DPR), para que ordene la liberación inmediata de los jóvenes cuya salud mental no pueda ser salvaguardada en el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR).
• La implementación inmediata de medidas de protección a la salud mental para todas y todos los jóvenes -incluyendo personas que tengan acceso a los mismos- y contar con acompañamiento y orientadores que les den acceso a progamas recreativos, y protocolos de prevención del suicidio que vayan de acuerdo con protocolos acorde a estándares locales, federales e internaciones
• El acceso a visitas regulares que incluyan: visitas en personas con los cuidados necesarios para COVID-19 y sana distancia, videollamadas y llamadas telefónicas sin cargo para las y los internos de los centros.
• Al DPR, para que ordene el monitoreo de las instalaciones utilizado estándares internacionalmente reconocidos para garantizar la protección de las y los jóvenes, si las autoridades no cuentan con la capacidad de garantizar estas medidas. Por ejemplo, los estándares desarrollados por la Fundación Annie E. Casey “Juvenile Detention Facility Assessment.”
• En caso de que las autoridades no sean capaces de garantizar la seguridad de las y los jóvenes en sus facilidades, la Corte Federal deberá de cerrar dichas instalaciones en la búsqueda de los intereses de la juventud.