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marzo 30, 2021  |  Por Marisol Marín En COVID-19, Noticias

Presenta JJI su Diagnóstico anual en Chihuahua 2019 y 2020

JJI presentó su Diagnóstico anual en Chihuahua 2019 y 2020 donde se destacó que a pesar de la pandemia por COVID-19 los tiempos procesales en medidas para adolescentes en conflicto con la ley, fueron respetados en el estado.

Las autoridades que participaron en el diagnóstico fueron: el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua (Tribunal Especializado en Justicia para Adolescentes y Defensoría Pública); la Subsecretaría del Sistema Penitenciario y Ejecución de Medidas Judiciales (Departamento de Adolescentes) e integrantes de la Comisión de Reinserción de Chihuahua y Ciudad Juárez.

Los resultados fueron presentados por la Coordinadora de Proyectos de Alternativas a la Detención en Chihuahua, Marcela Calleros, quien explicó nuestro modelo basado en 4 estrategias específicas durante el proceso judicial que garantizan el uso excepcional del internamiento y su brevedad. Se hizo un análisis de las causas que fueron ingresadas y resueltas durante el período 1 de enero al 31 de diciembre, de los años 2019 y 2020, con excepción del Modelo de Supervisión de Medidas Sancionadoras en Libertad, que abarca del mes de marzo a diciembre del 2020.

Dentro de las áreas de oportunidad en el trabajo en Chihuahua, JJI sigue interesado en colaborar con los equipos multidisciplinarios en el análisis del Instrumento de Evaluación de Riesgo Procesal utilizado en adolescentes, para construir uno con las características de especialización, que contenga criterios objetivos y medibles.

Se destacó la importancia de recabar estadística de los factores de los riesgos procesales considerados al momento de determinar el internamiento preventivo, para así poder analizar la necesidad real de su uso y por último, el agregar a la estadística las revocaciones e incumplimientos de las demás medidas cautelares, todo esto como parte de su principal estrategia.

En el área de proceso del caso y brevedad de prisión preventiva, la organización continúa insistiendo en que debe durar el período más breve que proceda y ser utilizada como último recurso. Esto puede ser logrado dando prioridad a las causas de adolescentes privados de su libertad durante su proceso; privilegiando el uso de las salidas alternas; creando una red de apoyo dentro de la comunidad para canalizaciones y la utilización de un instrumento especializado que permita medir el riesgo procesal para que efectivamente sea utilizada como último recurso, entre otras acciones.

Calleros explicó que el número de adolescentes que ingresaron con internamiento preventivo, de 2019 a 2020 se duplicó el número de 41 a 82 como un promedio estatal, donde se consideraron todas las causas penales que ingresaron dentro de los centros de internamiento CERSAI 1 y 3 en Chihuahua y Ciudad Juárez respectivamente, pero el promedio general en días de resolución de causas con internamiento se mantuvo similar (92 en 2019 y 96 en 2020) pese a la pandemia por COVID-19.

Algunas de las recomendaciones de JJI son: favorecer el uso de mecanismos alternos para la resolución de causas y mantener el número de días en promedio que permanecen los adolescentes en internamiento preventivo.

Se explicó también la Mesa Nacional de Proceso, la cual se realiza entre los estados de Durango y Chihuahua. En una primera etapa se comenzó con los Estados de Durango y Chihuahua, con representación del Tribunal de Menores Infractores del Estado de Durango y el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua. La primera reunión se realizó el 5 de febrero y fue auspiciada por Durango.

Se presentó también la estrategia número 3, la cual se trata de la Supervisión de Medidas sancionadoras en libertad, donde se realizó la evaluación del nivel de acompañamiento, donde se hizo la determinación del nivel del mismo en Chihuahua, y el cual únicamente aumentó un 3%.

Las recomendaciones de JJI fueron: incrementar la comunicación constante entre la autoridad jurisdiccional y administrativa para compartir recursos, redes, contactos con los que cuentan y principalmente la implementación del Modelo de Involucramiento Familiar de JJI, entre otras.

La última estrategia es respecto a las condiciones de detención, en el año 2017 se comenzó con la Certificación del CERSAI 1 en la ciudad de Chihuahua, Chih., con un equipo multidisciplinario conformado por personal de Justicia Juvenil Internacional México,  A.C., la Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. La certificación se logra con el cumplimiento del 100%, 75% y 50% de los tres niveles de estándares. Y el centro de reinserción social de la Ciudad de Chihuahua, obtuvo 81%, 57% y 36% de los niveles 1, 2 y 3 respectivamente. Derivado de este ejercicio se realizó un plan de reparación para lograr completar cada uno de los estándares, y aunque aún no se cumplen a cabalidad, se destacan los siguientes logros: Escolarización de la secundaria y preparatoria, buzón de quejas híbido para los adolescentes y sus familias, promoción escrita de los derechos humanos que le asisten a los adolescentes privados de su libertad, así como protocolos de atención al acoso y abuso sexual.. Sin embargo, se mostraron algunos avances gracias a recomendaciones previas de JJI.

Otros temas que se tocaron en el evento, fue la movilización de voluntarios; las donaciones y préstamos durante la contingencia COVID, las opciones de talleres y educación en línea que beneficiaron a los adolescentes permitiéndoles extender su gama de actividades; así mismo se realizó el préstamo de laptop, cañón proyector y celulares para realizar videollamadas con sus familiares.

Por último, se habló del Concurso Nacional de Expresión Artística “La pandemia ante mis ojos”, lanzado en junio de 2020, donde a través de distintas categorías (canto, baile, escritura y dibujo), los adolescentes tuvieron la oportunidad de expresar su sentir ante la serie de eventos que la pandemia del COVID-19 ha provocado, beneficiándose como un medio de desahogo y además de recreación, de los cuales una de las adolescentes Chihuahuenses, fue acreedora al primer lugar en la categoría de canto, para posteriormente recibir el premio respectivo, consistente en una Tablet.

Cabe señalar que se mencionó que para este 2021 se continuará aportando con las donaciones y talleres a ambos centros en el Estado, adicionando el restablecimiento del apoyo de reunificación familiar, el cual consiste en apoyar a las familias de escasos recursos con el pasaje redondo, para que puedan asistir desde donde se encuentren a visitar a sus adolescentes.

Chihuahua covid19 jji justicia justicia internacional
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    COVID-19: Involucramiento familiar en la justicia juvenil

Conferencia sobre Covid-19, Crisis Humanitaria para los Jóvenes en Detención en Latinoamérica

https://youtu.be/3MOSFq_hE1M

Conferencia de 26 de Marzo. Covid-19 Desafíos en el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes

https://youtu.be/52zianCu_3A

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Juvenile Justice Advocates International
US-registered 501(c)(3) non-profit. ©Todos los Derechos Reservados 2022

How the U.S. exports failed policies:

  • International Funding

The U.S. funds more police, court, prosecutor and prison development projects around the world than any other funder.

  • Prison Accreditation.

With U.S. financial support, the American Correctional Association (ACA) has accredited prisons in Mexico, Columbia and the United Arab Emirates. Many of these facilities have documented histories of grave human rights abuses, systemic child abuse and cartel infiltration despite accreditation and re-accreditation by the ACA.

Senator Elizabeth Warren’s report on the failure of the ACA in the U.S. shows why the U.S. should not be funding the ACA overseas.

  • Police Training

U.S. police officers with documented histories of misconduct are hired by the U.S. State Department and sent to developing countries to train police units. 

  • Mass Incarceration and Plea Bargaining 

U.S.-backed plea-bargaining reforms have proliferated across the globe, endangering defendants’ rights to a trial and incentivizing excessive bail and pretrial detention.

  • Drug War Policies

Drug war policies have led to the dramatic growth of incarceration in Latin America, particularly of women. 

  • U.S Criminal Justice Sold as the “Gold Standard”

There is often an assumption that U.S. practices and policies represent a “higher standard,” are “more modern” and “more professional.” 

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  • Rejecting Key International Laws

The US is not a party to key human rights treaties governing criminal justice, such as the Convention on the Rights of the Child  and the American Convention on Human Rights despite the fact that nearly every country where the U.S. promotes its practices are parties to these international instruments.

  • Prioritizing Security Interests over Human Rights

Security, not human rights or community safety, is the priority of the U.S. criminal justice’s foreign investments. This can undermine local reforms to limit police and prosecutor power or reduce incarceration.


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“Convention on the Rights of the Child”

“A Broken Prison and Detention Facility Accreditation System That Puts Profits Over People,” the Office of Senator Elizabeth Warren, December 2020. 

“How Washington Exports Failed Criminal Justice Policies,”  Douglas Keillor, The Crime Report, August 27, 2020.

“Prison: America’s Most Vile Export?” Baz Dreisinger, The Atlantic, September 30, 2015.

“Rights of persons deprived of liberty and privatization of the penitentiary system in Mexico,” Hearing before the Inter-American Commission on Human Rights, ACHR, April 7, 2016.

“Privatización del sistema penitenciario en México,” Documenta, et al, 2016. 

“Defund the Global Policeman”, Studart Schrader,  n+1 Magazine, Issue 38, Fall 2020, 

Schrader, Stuart (2019) Badges Without Borders: How Global Counterinsurgency Transformed American Policing, University of California Press.


Guerrero

Después de años de lucha y problemas de inseguridad, decidimos en 2022 cerrar nuestro proyecto en Guerrero. Pudimos implementar nuestro instrumento de evaluación previa al juicio para garantizar que los jóvenes de bajo riesgo permanezcan en sus comunidades. Y brindamos apoyo a más de 220 jóvenes, como parte de nuestro proyecto de Movilizando Voluntarios.

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Chiapas

Por invitación del Poder Judicial del Estado de Chiapas, realizamos un estudio para evaluar la viabilidad de implementar nuestros proyectos en la región. En 2022, nuestro equipo presentó los resultados y recomendaciones. El gobierno estatal ahora está decidiendo cómo quieren colaborar con nosotros en el futuro.

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Guerrero

After years of struggle and security issues, we decided in 2022 to close our project in Guerrero. We were able to implement our pretrial screening instrument to ensure low-risk youth stay in their communities. And we provided support to over 220 youths, as part of our Mobilize and Empower project.

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Chiapas

In the state of Chiapas, at the invitation of the state judiciary, we conducted a study to assess the viability of implementing our projects. In 2022, our team presented the results and recommendations. The state government is now deciding how they want to collaborate with us in the future.

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CDMX

Vista como líder nacional en las prácticas del sistema de justicia, la Ciudad de México tiene más adolescentes en detención que cualquier otra jurisdicción. Sin embargo, también ha desarrollado una unidad de seguimiento en libertad con numerosas alianzas con organizaciones. Nuestros proyectos fortalecerán esta área crítica.

JJI está trabajando en la Ciudad de México desde dos vertientes. En Alternativas a la Detención con un monitoreo que comenzó en 2019, pero por causas sanitarias y la pandemia por COVID, se retomó dos años después con un equipo de especialistas el cual ya está preparándose para continuar la actividad. En Movilizando voluntarios, se continúa con los esfuerzos para reunir a más adolescentes con sus familias, gracias al apoyo: “Reunificación familiar”. Así como también se han realizado entrega de enseres en los 6 centros.

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Durango

A pesar de tener un número menor de adolescentes en el sistema de justicia, Durango es una jurisdicción que busca la mejora continua. Durango es el primer estado donde tanto el poder judicial como el ejecutivo han firmado convenios de colaboración para la implementación de nuestros proyectos de Alternativas a la Detención.

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Chihuahua

Chihuahua es nuestro sitio piloto y un estado considerado líder en la reforma penal en México. Nuestros proyectos comenzaron en el 2016. Desde entonces, los tiempos en detención preventiva han disminuido, los adolescentes son supervisados con mayor eficiencia en sus comunidades y se ha mejorado la calidad de vida de aquellos adolescentes que siguen privados de su libertad.

En Chihuahua trabajamos con varios proyectos, como son el monitoreo que se trabaja en conjunto con la autoridad, y con los adolescentes y sus familias trabajamos en talleres, mesas de trabajo, eventos lúdicos, acompañamiento post penal, reubicaciones y traslados de familiares para audiencias y visitas, así como donaciones de enseres, ropa y material deportivo.

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Chihuahua

A national leader in criminal procedural reforms, our pilot project in Chihuahua started in 2016. Since that time the rates and duration of pretrial detention have declined, youth are being successfully supervised in their communities and new programs in the detention center have improved daily life for those children still deprived of liberty.

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CDMX

Looked to as the national leader in youth justice practices, Mexico City has more youth in detention than any other jurisdiction but has also developed a robust probation office and numerous alliances with nonprofits. Our projects will further fortify this critical work.

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Durango

Despite being a smaller jurisdiction, Durango is constantly looking to improve. Durango is the first state where both the Executive Branch and Judicial Branch have signed Memorandum of Understanding to launch the Alternatives to Detention initiatives.

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