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diciembre 18, 2020  |  Por Marisol Marín En COVID-19, Noticias

COVID-19 ACELERA LA IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍA EN SISTEMAS DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES EN AMÉRICA LÁTINA, SEGÚN REPORTE PRELIMINAR DE ENCUESTAS

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Realizamos nuestro último webinar del año titulado: “COVID 19 en América Latina: Acciones de Sistemas de Justicia de NNA”, donde se mostraron tres líneas de acción sugeridas y un reporte preliminar de las encuestas que hemos realizado en países de América Latina.

Las cifras presentadas pudieron ser posibles gracias a los diversos Poderes Judiciales y directivos de Centros de Privación de Libertad para Adolescentes de países que contestaron los cuestionarios. Los países que han participado en las encuestas son Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Paraguay, Puerto Rico, República Dominicana y Uruguay.

Respecto a la primera línea de acción, la MSC Virginia Murillo, Presidenta Ejecutiva, DNI Costa Rica explicó que se revisaron aspectos como los cambios en la política de visitas por la pandemia como restricción o suspensión de las misma, el contacto del personal con las familias de los internos; la recepción de encomiendas de las familias o el uso de tecnología como video llamadas y/o llamadas telefónicas. Este último aumentó considerablemente a modo general en los centros y se sugirió a modo general un reforzamiento a los mecanismos de reinserción con el cuidado de la salud mental.

De acuerdo a las horas de actividades que tenían los y las adolescentes fuera de sus dormitorios antes de la pandemia, se observó que hubo un aumento en los centros que redujeron las actividades a 1-6 horas diarias. Esto puede causar efectos negativos emocionales en los jóvenes que se encuentran en los centros de internamiento.

Respecto a la línea de acción descongestionamiento de centros de privación de libertad, el doctor Ignacio Mayoral, Experto Asociado ILANUD, dijo que como parte de la reflexión de qué ocurrió con una población tan vulnerable como la juventud que se encuentra privada de la libertad por el COVID-19 y cómo ha afectado a sus derechos humanos, por lo que se recomienda reducir en lo posible o acelerar la libertad en medida de lo posible.

Explicó que los datos con los que se cuentan son sumatorios y aportados por los centros, por lo que no deben de ser tomados como absolutorios para cada uno de los países, a fin de un análisis más concreto respecto a los efectos de la pandemia en la población privada de la libertad.

En lo que respecta a la línea de acción correspondiente a la Inversión urgente en los Sistemas de Justicia Penal Juvenil, Isabel Roby, Oficial de Proyectos de Fair Trials, comentó los tipos de insumos brindados en centros para prevenir el contagio de COVID 19, donde destacaron las mascarillas y los productos de desinfección y satisfacción, seguidos de artículos de necesidad primaria como jabón y agua potable o papel higiénico y toallas de papel en los centros.

En lo que respecta a las nuevas medidas para brindar los insumos a los adolescentes antes suministrados por las familias, Roby explicó que en su mayor parte eran artículos distribuidos por la familia, seguidos por una mínima diferencia los centros, ministerios u otras instituciones.

Otro punto que se destacó en la ponencia, fue el cómo los países tuvieron variantes en lo que corresponde a la implementación de tecnologías y la cancelación de audiencias presenciales que fue a modo general implementada entre marzo y junio a los países encuestados. Cabe resaltar que el anuncio de emergencia sanitaria, a modo general fue en marzo, con una leve variación de fechas.

El evento fue moderado por la maestra Sarahí García, Directora Nacional de Proyectos JJI México, quien explicó que este es solamente la primera fase de este estudio y que se espera una socialización mayor de las encuestas y una actualización de datos de países participantes en el 2021. Cabe mencionar que esta actividad fue la número 13 y fue parte de una serie que realizamos durante 2020 con expertos en el área. Para más información puedes seguirnos en nuestras redes sociales, o bien escribirnos a info@jjadvocates.org. 

adolescentes isolation jovenes justicia internacional justicia penal juvenil mexico
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Conferencia sobre Covid-19, Crisis Humanitaria para los Jóvenes en Detención en Latinoamérica

https://youtu.be/3MOSFq_hE1M

Conferencia de 26 de Marzo. Covid-19 Desafíos en el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes

https://youtu.be/52zianCu_3A

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Juvenile Justice Advocates International
US-registered 501(c)(3) non-profit. ©Todos los Derechos Reservados 2022

How the U.S. exports failed policies:

  • International Funding

The U.S. funds more police, court, prosecutor and prison development projects around the world than any other funder.

  • Prison Accreditation.

With U.S. financial support, the American Correctional Association (ACA) has accredited prisons in Mexico, Columbia and the United Arab Emirates. Many of these facilities have documented histories of grave human rights abuses, systemic child abuse and cartel infiltration despite accreditation and re-accreditation by the ACA.

Senator Elizabeth Warren’s report on the failure of the ACA in the U.S. shows why the U.S. should not be funding the ACA overseas.

  • Police Training

U.S. police officers with documented histories of misconduct are hired by the U.S. State Department and sent to developing countries to train police units. 

  • Mass Incarceration and Plea Bargaining 

U.S.-backed plea-bargaining reforms have proliferated across the globe, endangering defendants’ rights to a trial and incentivizing excessive bail and pretrial detention.

  • Drug War Policies

Drug war policies have led to the dramatic growth of incarceration in Latin America, particularly of women. 

  • U.S Criminal Justice Sold as the “Gold Standard”

There is often an assumption that U.S. practices and policies represent a “higher standard,” are “more modern” and “more professional.” 

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  • Rejecting Key International Laws

The US is not a party to key human rights treaties governing criminal justice, such as the Convention on the Rights of the Child  and the American Convention on Human Rights despite the fact that nearly every country where the U.S. promotes its practices are parties to these international instruments.

  • Prioritizing Security Interests over Human Rights

Security, not human rights or community safety, is the priority of the U.S. criminal justice’s foreign investments. This can undermine local reforms to limit police and prosecutor power or reduce incarceration.


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“Convention on the Rights of the Child”

“A Broken Prison and Detention Facility Accreditation System That Puts Profits Over People,” the Office of Senator Elizabeth Warren, December 2020. 

“How Washington Exports Failed Criminal Justice Policies,”  Douglas Keillor, The Crime Report, August 27, 2020.

“Prison: America’s Most Vile Export?” Baz Dreisinger, The Atlantic, September 30, 2015.

“Rights of persons deprived of liberty and privatization of the penitentiary system in Mexico,” Hearing before the Inter-American Commission on Human Rights, ACHR, April 7, 2016.

“Privatización del sistema penitenciario en México,” Documenta, et al, 2016. 

“Defund the Global Policeman”, Studart Schrader,  n+1 Magazine, Issue 38, Fall 2020, 

Schrader, Stuart (2019) Badges Without Borders: How Global Counterinsurgency Transformed American Policing, University of California Press.


Guerrero

Después de años de lucha y problemas de inseguridad, decidimos en 2022 cerrar nuestro proyecto en Guerrero. Pudimos implementar nuestro instrumento de evaluación previa al juicio para garantizar que los jóvenes de bajo riesgo permanezcan en sus comunidades. Y brindamos apoyo a más de 220 jóvenes, como parte de nuestro proyecto de Movilizando Voluntarios.

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Chiapas

Por invitación del Poder Judicial del Estado de Chiapas, realizamos un estudio para evaluar la viabilidad de implementar nuestros proyectos en la región. En 2022, nuestro equipo presentó los resultados y recomendaciones. El gobierno estatal ahora está decidiendo cómo quieren colaborar con nosotros en el futuro.

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Guerrero

After years of struggle and security issues, we decided in 2022 to close our project in Guerrero. We were able to implement our pretrial screening instrument to ensure low-risk youth stay in their communities. And we provided support to over 220 youths, as part of our Mobilize and Empower project.

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Chiapas

In the state of Chiapas, at the invitation of the state judiciary, we conducted a study to assess the viability of implementing our projects. In 2022, our team presented the results and recommendations. The state government is now deciding how they want to collaborate with us in the future.

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CDMX

Vista como líder nacional en las prácticas del sistema de justicia, la Ciudad de México tiene más adolescentes en detención que cualquier otra jurisdicción. Sin embargo, también ha desarrollado una unidad de seguimiento en libertad con numerosas alianzas con organizaciones. Nuestros proyectos fortalecerán esta área crítica.

JJI está trabajando en la Ciudad de México desde dos vertientes. En Alternativas a la Detención con un monitoreo que comenzó en 2019, pero por causas sanitarias y la pandemia por COVID, se retomó dos años después con un equipo de especialistas el cual ya está preparándose para continuar la actividad. En Movilizando voluntarios, se continúa con los esfuerzos para reunir a más adolescentes con sus familias, gracias al apoyo: “Reunificación familiar”. Así como también se han realizado entrega de enseres en los 6 centros.

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Durango

A pesar de tener un número menor de adolescentes en el sistema de justicia, Durango es una jurisdicción que busca la mejora continua. Durango es el primer estado donde tanto el poder judicial como el ejecutivo han firmado convenios de colaboración para la implementación de nuestros proyectos de Alternativas a la Detención.

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Chihuahua

Chihuahua es nuestro sitio piloto y un estado considerado líder en la reforma penal en México. Nuestros proyectos comenzaron en el 2016. Desde entonces, los tiempos en detención preventiva han disminuido, los adolescentes son supervisados con mayor eficiencia en sus comunidades y se ha mejorado la calidad de vida de aquellos adolescentes que siguen privados de su libertad.

En Chihuahua trabajamos con varios proyectos, como son el monitoreo que se trabaja en conjunto con la autoridad, y con los adolescentes y sus familias trabajamos en talleres, mesas de trabajo, eventos lúdicos, acompañamiento post penal, reubicaciones y traslados de familiares para audiencias y visitas, así como donaciones de enseres, ropa y material deportivo.

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Chihuahua

A national leader in criminal procedural reforms, our pilot project in Chihuahua started in 2016. Since that time the rates and duration of pretrial detention have declined, youth are being successfully supervised in their communities and new programs in the detention center have improved daily life for those children still deprived of liberty.

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CDMX

Looked to as the national leader in youth justice practices, Mexico City has more youth in detention than any other jurisdiction but has also developed a robust probation office and numerous alliances with nonprofits. Our projects will further fortify this critical work.

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Durango

Despite being a smaller jurisdiction, Durango is constantly looking to improve. Durango is the first state where both the Executive Branch and Judicial Branch have signed Memorandum of Understanding to launch the Alternatives to Detention initiatives.

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