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abril 7, 2020  |  Por Marisol Marín En COVID-19, Noticias

COVID-19: Respondiendo a la pandemia desde la corte y en la detención

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No basta con dejar que los menores en centros de internamiento se vayan a su casa, sino que cuenten con herramientas necesarias para continuar con su proceso de reinserción social en caso de ser necesarios y ser quien cuide de la propagación de una epidemia de COVID-19 en su tiempo de detención por parte de las autoridades.

Éste fue uno de los temas que se hablaron en el segundo webinar de Justicia Juvenil Internacional, México, A.C. titulado: “COVID-19: Acciones específicas del poder judicial y centros de internamiento de adolescentes en México”.  

Se cuestionaron las medidas que están tomando los Estados de la República ante la pandemia mundial que ha desatado medidas urgentes en diversas áreas judiciales relacionadas con menores detenidos y el cómo evitar un contagio masivo en los centros de internamiento con un debido apego a los derechos humanos.

El Magistrado Presidente del Tribunal para Menores Infractores del Poder Judicial del Estado de Durango, Alejandro Ramón Fuentes, uno de los ponentes de esta actividad digital, comentó que para verificar que las medidas se cumplan se cuenta con Subcomisiones de Justicia para Adolescentes perteneciente al Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) Estatal, donde también se evalúan las labores realizadas. 

“Creo que necesitamos trabajar para sacar un manual de buenas y de malas prácticas, para fomentar una mejor justicia especializada para adolescentes en todo el país. Creo que se puede observar buenas prácticas pero también áreas de oportunidad a fin de generar una mejor justicia”, añadió. 

Por su parte, el Director General de Atención Especializada para Adolescentes en la CDMX, Jorge Guillermo Apaez, explicó que en caso de que un joven internado en un centro de internamiento diera positivo en contagio de COVID-19, se cuenta con la empatía para tratar dicho caso hipotético y que en cada uno de los centros de la ciudad se cuenta con un protocolo establecido, en los cuale se realiza una revisión diaria de los adolescentes en la mañana y en la tarde, quienes han continuado con sus actividades con una “sana distancia”.

“Yo creo que cada Estado y cada centro tendría que adoptar sus características específicas y sus necesidades particulares. Nosotros desde los filtros, la atención al personal y al guía técnico, las medidas que toman de prevención para cuidarse son estrictas que tienen a disminuir riesgos. Si detectamos que algún chico cuenta con COVID tenemos un espacio para tratarlo, pero si ya se encuentra con nosotros, entonces se queda en observación junto con el dormitorio con el que ha convivido y no se relaciona con la otra población del lugar por al menos 15 días”, aseveró.

Dijo de que en caso de que empeore el adolescente se establece la atención hospitalaria, pero se va a evitar en medida de lo posible, todo a fin de expandir el contagio.

El evento fue moderado por la Directora Nacional de Proyectos de JJI, Sarahi García, quien aseguró que una crisis como la pandemia evidencian las debilidades del sistema y que la clave estará en la observancia y monitoreo de las autoridades competentes para verificar que las recomendaciones expresadas se lleven a cabo. 

Cabe mencionar que este es nuestro segundo Webinar de una serie que estaremos realizando con expertos en el área, para más información puedes seguirnos en nuestras redes sociales, o bien escribirnos a info@jjadvocates.org.  

adolescentes contagio masivo coronavirus covid-19 covid19 epidemia justicia reinserción social salud
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Conferencia sobre Covid-19, Crisis Humanitaria para los Jóvenes en Detención en Latinoamérica

https://youtu.be/3MOSFq_hE1M

Conferencia de 26 de Marzo. Covid-19 Desafíos en el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes

https://youtu.be/52zianCu_3A

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Juvenile Justice Advocates International
US-registered 501(c)(3) non-profit. ©Todos los Derechos Reservados 2022

How the U.S. exports failed policies:

  • International Funding

The U.S. funds more police, court, prosecutor and prison development projects around the world than any other funder.

  • Prison Accreditation.

With U.S. financial support, the American Correctional Association (ACA) has accredited prisons in Mexico, Columbia and the United Arab Emirates. Many of these facilities have documented histories of grave human rights abuses, systemic child abuse and cartel infiltration despite accreditation and re-accreditation by the ACA.

Senator Elizabeth Warren’s report on the failure of the ACA in the U.S. shows why the U.S. should not be funding the ACA overseas.

  • Police Training

U.S. police officers with documented histories of misconduct are hired by the U.S. State Department and sent to developing countries to train police units. 

  • Mass Incarceration and Plea Bargaining 

U.S.-backed plea-bargaining reforms have proliferated across the globe, endangering defendants’ rights to a trial and incentivizing excessive bail and pretrial detention.

  • Drug War Policies

Drug war policies have led to the dramatic growth of incarceration in Latin America, particularly of women. 

  • U.S Criminal Justice Sold as the “Gold Standard”

There is often an assumption that U.S. practices and policies represent a “higher standard,” are “more modern” and “more professional.” 

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  • Rejecting Key International Laws

The US is not a party to key human rights treaties governing criminal justice, such as the Convention on the Rights of the Child  and the American Convention on Human Rights despite the fact that nearly every country where the U.S. promotes its practices are parties to these international instruments.

  • Prioritizing Security Interests over Human Rights

Security, not human rights or community safety, is the priority of the U.S. criminal justice’s foreign investments. This can undermine local reforms to limit police and prosecutor power or reduce incarceration.


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“Convention on the Rights of the Child”

“A Broken Prison and Detention Facility Accreditation System That Puts Profits Over People,” the Office of Senator Elizabeth Warren, December 2020. 

“How Washington Exports Failed Criminal Justice Policies,”  Douglas Keillor, The Crime Report, August 27, 2020.

“Prison: America’s Most Vile Export?” Baz Dreisinger, The Atlantic, September 30, 2015.

“Rights of persons deprived of liberty and privatization of the penitentiary system in Mexico,” Hearing before the Inter-American Commission on Human Rights, ACHR, April 7, 2016.

“Privatización del sistema penitenciario en México,” Documenta, et al, 2016. 

“Defund the Global Policeman”, Studart Schrader,  n+1 Magazine, Issue 38, Fall 2020, 

Schrader, Stuart (2019) Badges Without Borders: How Global Counterinsurgency Transformed American Policing, University of California Press.


Guerrero

Después de años de lucha y problemas de inseguridad, decidimos en 2022 cerrar nuestro proyecto en Guerrero. Pudimos implementar nuestro instrumento de evaluación previa al juicio para garantizar que los jóvenes de bajo riesgo permanezcan en sus comunidades. Y brindamos apoyo a más de 220 jóvenes, como parte de nuestro proyecto de Movilizando Voluntarios.

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Chiapas

Por invitación del Poder Judicial del Estado de Chiapas, realizamos un estudio para evaluar la viabilidad de implementar nuestros proyectos en la región. En 2022, nuestro equipo presentó los resultados y recomendaciones. El gobierno estatal ahora está decidiendo cómo quieren colaborar con nosotros en el futuro.

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Guerrero

After years of struggle and security issues, we decided in 2022 to close our project in Guerrero. We were able to implement our pretrial screening instrument to ensure low-risk youth stay in their communities. And we provided support to over 220 youths, as part of our Mobilize and Empower project.

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Chiapas

In the state of Chiapas, at the invitation of the state judiciary, we conducted a study to assess the viability of implementing our projects. In 2022, our team presented the results and recommendations. The state government is now deciding how they want to collaborate with us in the future.

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CDMX

Vista como líder nacional en las prácticas del sistema de justicia, la Ciudad de México tiene más adolescentes en detención que cualquier otra jurisdicción. Sin embargo, también ha desarrollado una unidad de seguimiento en libertad con numerosas alianzas con organizaciones. Nuestros proyectos fortalecerán esta área crítica.

JJI está trabajando en la Ciudad de México desde dos vertientes. En Alternativas a la Detención con un monitoreo que comenzó en 2019, pero por causas sanitarias y la pandemia por COVID, se retomó dos años después con un equipo de especialistas el cual ya está preparándose para continuar la actividad. En Movilizando voluntarios, se continúa con los esfuerzos para reunir a más adolescentes con sus familias, gracias al apoyo: “Reunificación familiar”. Así como también se han realizado entrega de enseres en los 6 centros.

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Durango

A pesar de tener un número menor de adolescentes en el sistema de justicia, Durango es una jurisdicción que busca la mejora continua. Durango es el primer estado donde tanto el poder judicial como el ejecutivo han firmado convenios de colaboración para la implementación de nuestros proyectos de Alternativas a la Detención.

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Chihuahua

Chihuahua es nuestro sitio piloto y un estado considerado líder en la reforma penal en México. Nuestros proyectos comenzaron en el 2016. Desde entonces, los tiempos en detención preventiva han disminuido, los adolescentes son supervisados con mayor eficiencia en sus comunidades y se ha mejorado la calidad de vida de aquellos adolescentes que siguen privados de su libertad.

En Chihuahua trabajamos con varios proyectos, como son el monitoreo que se trabaja en conjunto con la autoridad, y con los adolescentes y sus familias trabajamos en talleres, mesas de trabajo, eventos lúdicos, acompañamiento post penal, reubicaciones y traslados de familiares para audiencias y visitas, así como donaciones de enseres, ropa y material deportivo.

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Chihuahua

A national leader in criminal procedural reforms, our pilot project in Chihuahua started in 2016. Since that time the rates and duration of pretrial detention have declined, youth are being successfully supervised in their communities and new programs in the detention center have improved daily life for those children still deprived of liberty.

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CDMX

Looked to as the national leader in youth justice practices, Mexico City has more youth in detention than any other jurisdiction but has also developed a robust probation office and numerous alliances with nonprofits. Our projects will further fortify this critical work.

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Durango

Despite being a smaller jurisdiction, Durango is constantly looking to improve. Durango is the first state where both the Executive Branch and Judicial Branch have signed Memorandum of Understanding to launch the Alternatives to Detention initiatives.

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